Crisis en Bolivia: el “uso desproporcionado de la fuerza” contra seguidores de Evo Morales

 

Las imágenes que llegan desde La Paz y Cochabamba, entre otras ciudades, dan cuenta que Bolivia vivió otra jornada de represión, violencia y luto este viernes.

Y el panorama ha comenzado de forma similar este sábado.

Nelson Cox, representante de la Defensoría del Pueblo en la región de Cochabamba, comunicó a la agencia Efe que la cifra de muertos ascendió a siete y la de heridos supera el centenar tras los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden cerca de la ciudad boliviana de Sacaba.

Los disturbios se produjeron debido al avance de productores de hoja de coca que sostienen protestas por la renuncia presidencial de Evo Morales el pasado 10 de noviembre.

La grave crisis boliviana que está cerca a cumplir cuatro semanas y que suma al menos 15 fallecimientos, junto a las escenas de fuerte represión registradas en los últimos días, despertaron la preocupación de entidades internacionales.

Una de ellas es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que expresó su condena al “uso desproporcionado de la fuerza militar y policial”.

” Las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales “.

La CIDH aseveró que “el uso indiscriminado de gas lacrimógeno por las fuerzas policiales y militares en #Bolivia atentan gravemente a los estándares jurídicos internacionales”.

“El Estado tiene el deber de respetar el derecho humano a la protesta pacífica”, indicó la entidad.

Los enfrentamientos en Sacaba comenzaron cuando la policía intentó dispersar una protesta de cocaleros llegados desde el Chapare, la emblemática selva donde Morales se forjó como líder sindical.

La masiva movilización campesina se realizó para rechazar al gobierno transitorio de Jeanine Áñez, quien asumió la presidencia de Bolivia tras la dimisión de Evo.

Los productores de hoja de coca, al igual que grupos indígenas y campesinos en diferentes ciudades de Bolivia desconocen el mandato de la autoridad en funciones y reclaman el retorno del expresidente, quien ahora se encuentra en México en calidad de asilado político.

En La Paz, también se produjeron episodios de violencia protagonizados por manifestantes “evistas” y fuerzas policiales y militares.

Trincheras, fogatas y barricadas se multiplicaron en calles y avenidas de diferentes puntos de la ciudad sede de los poderes en Bolivia.

Los gases lacrimógenos fueron el principal recurso con el que las fuerzas del orden intentaron dispersar a los grupos movilizados, aunque varios de ellos permanecían en las calles hasta entrada la noche.

El periodista de BBC Mundo Boris Miranda, enviado especial en Bolivia, señala que la polarización en el país llegó a tal extremo que todos los días se discute sobre quiénes son los responsables de la violencia, los seguidores de Evo Morales o sus detractores.

“El episodio de Sacaba produjo una reacción similar a la de días previos. Se responsabilizan los unos a otros de las muertes del viernes cuando todavía no hay evidencias que puedan conducir a los responsables”, señala el reportero.

Miranda indica que otro de los factores comunes en la crisis vigente es la información tergiversada que divulgan los sectores que se encuentran en disputa .

“Siento que mucha gente solo da crédito a lo que quiere creer”, concluye el periodista.

Condena internacional a la salida de los militares

Una de las principales observaciones de la CIDH fue la participación de las Fuerzas Armadas en las acciones represivas.

“CIDH expresa su preocupación por el accionar de las Fuerzas Armadas en las operaciones combinadas realizadas en Bolivia desde el inicio de la semana”, señala la entidad.

El organismo compartió a través de su cuenta de Twitter numerosos videos y fotografías que muestran el alto grado de dureza en las represiones.

Por su parte, Humans Right Watch (HRW), una entidad de defensa de derechos humanos con sede en Washington, expresó que apoya el pedido de organizaciones civiles bolivianas para que la CIDH envíe una comisión “para monitorear la situación”.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, cuestionó el accionar de algunas de las autoridades del gobierno de Áñez que amenazaron con persecuciones a políticos adversarios y procesos judiciales a periodistas.

“Áñez no debe olvidar que asumió el cargo sin un solo voto. Su misión es llamar a elecciones justas a la mayor brevedad “, concluyó Vivanco.

Reacciones en Bolivia

El gobierno transitorio, a través del ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, reiteró en la noche del viernes un llamado a la pacificación y a dialogar con los sectores movilizados.

“Convocamos absolutamente a todos los sectores, movimientos sociales, a la pacificación del país a que juntos podamos sentarnos en una mesa de diálogo. Convocamos a todos los sectores inclusive al sector este de la convulsión “, manifestó la autoridad en referencia a los productores de hoja de coca.

 

Más temprano, la presidente Áñez informó sobre la identificación de supuestos grupos subversivos conformados por “ciudadanos bolivianos y extranjeros” y denunció que su objetivo es el bloqueo de los servicios básicos en las principales ciudades capitales del país.

“Hemos identificado grupos subversivos armados, conformados por súbditos extranjeros y nacionales. Se ha identificado una estrategia de bloqueo a los servicios básicos como mecanismo de asfixia a las capitales, con grupos de personas que no establecen un argumento específico para justificar estos delitos contra la sociedad”, informó la mandataria.

Por su parte, Andean Info Net (AIN), una entidad de investigación que trabaja en Bolivia y tiene numerosos contactos con los cocaleros del Chapare, compartió las listas de las personas heridas de bala que, según las publicaciones, rondaban las 33 en ese momento.

AIN indicó que en el país se vive un “estado de violencia”.

Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo exigió una inmediata investigación a la fiscalía boliviana para esclarecer quiénes son los responsables de las muertes en Sacaba.

“Instamos al gobierno investigar si la actuación de ambas fuerzas (militares y policiales) se enmarcó dentro de lo que establece la Constitución Política del Estado y los protocolos internacionales de respeto de los derechos humanos”, señaló la entidad.

La Defensoría le indicó al gobierno transitorio que había anunciado que “buscaría la pacificación del país”.

Fuente: BBC

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