Transparencia Institucional” es el lema que reza en todos los países medianamente organizados y democráticos
Por: Rodolfo Felipe Rodríguez
Transparencia Institucional” es el lema que reza en todos los países medianamente organizados y democráticos
Desde su concepción en la
“Constitución de Moca del 1854”,
en la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana han operado
muy pocos cambios sistémicos que
han hecho de la misma una
entelequia institucional. La Cámara
de Cuentas es el órgano superior
externo de control fiscal de los
recursos públicos, de los procesos
administrativos y del patrimonio del
Estado, encargada de dar descargos
a los administradores por su gestión.
La misma tiene basamento legal
conforme a la Ley No. 10-04 de la
Cámara de Cuentas, el Reglamento
de Aplicación Núm. 06-04 del 2004,
Ley 311-14, ley 200-04, ley 247-12
y los Artículos 248, 249 y 250 de la
Constitución de la República.
Plantea el jurista Rodolfo
Felipe, que la Cámara de Cuentas
tiene como retos fácticos
principales, el de crear un Sistema
Nacional Anticorrupción Eficiente,
conjugado e integrado por las demás
instituciones que juegan un rol de
principalía en la prevención de la
corrupción, procurando mecanismos
institucionales y verdaderamente
fuertes para evitar el dispendio y
malversación del erario,
estableciendo y consolidando así
una cultura de la transparencia en
todas las instituciones, organismos y
actores que reciban fondos públicos.
Todo ello con un enfoque holístico
como demandan los nuevos tiempos.
Enfatizó el Lic. Felipe
Rodríguez que es pertinente
descentralizar el trabajo y ampliar el
radio de acción de la Cámara de
Cuentas, en virtud de las
prerrogativas que les otorga el
artículo 9 de la Ley 10-04 en su
único párrafo de crear delegaciones
en toda la geografía nacional. Para
ello propone, la habilitación de
oficinas regionales (y provinciales)
de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana para facilitar
la realización de las auditorías y así
evitar la burocracia que hace de la
gestión fiscalizadora una quimera.
Para ello, la CDC debería,
lógicamente disponer de recursos
económicos suficientes, tener mejor
apoyo de los poderes públicos para
mejores asignaciones
presupuestarias, pero, sobre todo,
voluntad política de todos los
actores que convergen en la labor
delicada de la transparencia
gubernamental y la administración
de fondos públicos. Como es
normal, esto redundará en un mejor
desempeño de su papel fiscalizador
y por ende un fortalecimiento a la
lucha contra la corrupción tan
necesaria en estos tiempos.
Este sistema de expansión de la
gestión de la CDC a niveles más
cercanos que el monitoreo nacional
de la cosa pública se vería aún más
fortalecido con la implementación
de un sistema informático que sería
instalado y dirigido desde la sede
central de la Cámaras de Cuentas
con el fin de prevenir cualquier
irregularidad de los actores
regulados que se genere en el día a
día del trabajo oficioso de
fiscalización, teniendo acceso
directo mediante un seguimiento
continuo de los hechos en tiempo
real, de todas las transacciones o
movimientos financieros de las
instituciones que reciben fondos
públicos, en tres etapas, a corto,
mediano y largo plazo, pero de igual
manera, de las acciones
administrativas, en especial, las
compras y contrataciones, en la cual,
podrá haber acuerdos con la
Dirección General encargada a estos
fines. De esa manera habrá una
prevención eficiente, oportuna y
veras.
Expone el también aspirante a
presidir la nueva gestión de la
Cámara de Cuentas, que es
impostergable una “Renovación
Institucional” que eleve la moral y
credibilidad de este organismo a tal
punto de ganarse el respeto de la
gestión fiscalizadora, en tanto que,
una entidad fiscalizadora o
supervisora de otras debe practicar
con el ejemplo. Dicho así porque la
autoridad moral no solo la dará el
buen perfil profesional y
comportamiento ético de sus
integrantes, sino también los
criterios de eficiencia,
independencia y visión colectiva
con los cuales se desempeñen en
esta labor de fiscalización y
acompañamiento en la sanidad de la
administración pública, algo
altamente cuestionado en estos
tiempos por todos los sectores de la
vida nacional, no solo a la CDC, sino
a todos los organismos del estado
responsables de la transparencia,
fiscalización y gestión eficiente del
erario. Esto, sin dudas, constituye
una impronta negativa heredada por
decenios, pero entendemos que, si
hay voluntad política y ética,