Víctor Suárez: «El PLD necesitará un vocero en la Cámara de Diputados con experiencias en temas de justicia» 

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El diputado de Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Víctor Suárez, dijo que esa organización política necesita un vocero que conozca de Derecho, un legislador con experiencias en los temas Justicia para qué lo represente en la Cámara de Diputados.

Manifestó que en lo personal cuenta con esas experiencias, ya que, además de ser abogado con tres períodos en la Cámara de Diputados, fue actualmente presidente de Relaciones Exteriores y presidente del Ministerio Público de justicia. «Es la que yo estoy ofertando a mi partido, bloque, y al Comité Político que se reúne el próximo sábado para presentarme como el próximo vocero de los diputados del PLD”, expuso.

Reiteró que, con las experiencias ya acumulada, también el cambio que le mandó el pueblo a través de las últimas elecciones de 5 de julio, es que debemos enviar una propuesta más refrescante, más dinámica con una trayectoria de que podamos tener mejores resultados sobre todo con este nuevo rol de oposición en la Cámara de Diputados.

«Se habla de una reforma a la Constitución para modificar el título V del Poder Judicial en el lo relativo al Consejo Nacional de la Magistratura, su composición y también el tema del Procurador independiente”, expresó el legislador, quien agregó que «Conozco bien el tema sobre el Procurador independiente que está proponiendo el presidente electo”.

En ese sentido, señaló que la Constitución Dominicana establece que el Presidente de la república es el garante y el responsable de la política criminal del estado bajo la dirección del procurador: de crear la política pública sobre la Seguridad Nacional, la persecución del delito, y representación de la sociedad cuando se comete un delito.

Se refirió a las nuevas modificaciones del Código Penal Dominicano, de su autoría, que se encuentra en la Cámara Diputados, el cual establece por primera vez el cúmulo de penas y el aumento de la pena máxima, así como el establecimiento de una pena de hasta 40 años de prisión para quienes cometan feminicidio y agresiones con el químico conocido como “ácido del diablo”.

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